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22 de noviembre de 2021

El derecho a la Salud ante el COVID

En el estado de Puebla existen cuando menos 700 mil personas mayores de 18 años que a pesar de haber sido convocados por lo menos en tres ocasiones, no han acudido al llamado de las autoridades sanitarias para recibir por lo menos, una dosis de la vacuna contra el Covid-19 que se suministran en la entidad desde hace casi un año.

La cifra no es menor, si se toman en cuenta las cifras oficiales que sostienen que hasta este lunes, casi 3 millones 850 mil poblanos adultos han recibido cuando menos 1 vacuna, y más de 2 millones 800 mil habitantes han completado de manera satisfactoria su protección con las dos cargas del biótico.

El gobierno del estado ha reiterado la necesidad de reactivar la economía de la entidad y por ello abrió a través de un decreto, todas las actividades económicas permitiendo los aforos al 100 por ciento y ampliando los horarios nocturnos. La meta de la administración que encabeza Miguel Barbosa Huerta es que para finales del 2021, el 96 por ciento de los poblanos mayores de 18 años hayan sido inmunizados con por lo menos una vacuna.

Sin embargo, esos 700 mil poblanos renuentes significan un riesgo latente para el resto de la población  y para la tan anhelada recuperación del estado, y es que ese segmento que se niega a la vacunación por algún temor o porque reclama su derecho a no ser inoculado con “vacunas experimentales”, no esta focalizado en regiones apartadas del territorio, sino diseminado lo mismo en la capital, que en la zona metropolitana y en municipios de difícil acceso, es decir, se ubica a lo largo y ancho del territorio poblano.

Es así que de cara a una cuarta ola, misma que se proyecta comience a generar nuevas cadenas de contagio en la primera quincena del mes de diciembre, esta cantidad de adultos desprotegidos son potenciales portadores del virus y mas grave aún, transmisores ilocalizables que pueden ser el inicio de una nueva crisis sanitaria.

Con las tres primeras oleadas que la pandemia trajo al estado, el sistema hospitalario publico y privado quedó comprometido al tener que convertir el 70% de los nosocomios públicos en espacios dedicados a la atención y salvamento de pacientes infectados por COVID.

Lo anterior expone con suma claridad, que bastaría con que el uno por ciento de los “no vacunados” enfermara gravemente para que las menos de 3 mil camas disponibles en los momentos más críticos de la pandemia, quedaran una vez mas comprometidas por la negligencia o el “derecho” de no hacer caso al llamado del sector salud.

Los datos duros y los posibles escenarios ante la inminente llegada de una cuarta ola son del conocimiento de las autoridades, por ello, desde hace varias semanas el propio gobernador Miguel Barbosa ha hecho un llamado sistemático a los poblanos para acudir a los centros de vacunación en la capital o en cualquier parte del territorio donde estos son direccionados en las diferentes regiones del estado.

Sin embargo, es un hecho que existiendo vacunas, poblaciones enteras simplemente no acuden al llamado. El extremo es la postura que el propio Secretario de salud en Puebla ha tenido que adoptar implorando, prácticamente, para que los rezagados respondan.

Es por ello que el ejecutivo informó que ya se estudia un nuevo decreto dirigido a todos aquellos que no están vacunados al día de hoy, uno mediante el cual, se comenzaría a condicionar el acceso a sitios públicos a toda persona que no demuestre mediante el respectivo certificado, su necesaria inmunización.

La determinación resulta compleja porque en el escenario aparecen circunstancias aparejadas con los derechos humanos, las libertades y las obligaciones institucionales, como lo es, promover y garantizar la salud publica.

Sin embargo, las restricciones comienzan a ser una opción cuando la irresponsabilidad, la indiferencia o la intransigencia de un grupo menor, puede poner en serio riesgo a la mayoría de una sociedad que aunque vacunada, es susceptible a ser contagiada durante el invierno, la estación más peligrosa a decir de los científicos.

La discusión se abre y se mantiene entre diferentes sectores de la sociedad así como entre regímenes y gobernantes con diferente orden de pensamiento e ideología. Las interrogantes obligadas ante una enfermedad mundial se siguen planteando como si se buscara una misma argumentación para justificar el peso y la importancia de los derechos humanos ante este desafío.

No hay vuelta atrás, estos derechos han cobrado una proporción mayor con la llegada y las fatales consecuencias de una pandemia hasta ahora sin control. Dadas las dimensiones de una tragedia humanitaria, la Corte Interamericana emitió una importante declaración desde abril del 2020, apenas una semanas después de iniciada la crisis mundial.

Entre las conclusiones más importantes de esta declaratoria, se destaca que los Estados están obligados a tomar decisiones e implementar políticas que garanticen el cumplimiento de derechos fundamentales como la vida, pero para alcanzar este, es necesario pasar por la garantía de otro derecho inalienable: el derecho a la salud.

Este ha sido reconocido de forma incuestionable, casi todas las naciones están obligadas a garantizar la protección desde el estado a sus habitantes y ciudadanos sin importar el color, sexo, religión o la ideología que estos guarden.

Se trata de un derecho autónomo y por tanto exigible de manera directa, sin necesidad de vincularlo de manera obligada con violaciones concomitantes, complementarias o bien, precedentes de otros derechos.

Se debe destacar que al igual que en otros países del mundo, en México ya existen territorios y gobiernos como el de Hidalgo y Sinaloa, donde las autoridades han optado a limitar los accesos a sitios públicos a todo aquel que no quiera mostrar un certificado de vacunación contra el Covid-19.

La medida se asoma en Puebla como una decisión tomada desde la responsabilidad y el principio del bien común. Ahora, vendrán retos complementarios y directamente relacionados a la tecnología, los servidores y las plataformas digitales del sector salud federal, a fin de hacer cumplir el inminente decreto.

Lo relevante, sin embargo, es la decisión tomada. El derecho a la salud pública de las mayorías debe estar por encima de otros derechos establecidos legalmente, pero que no garantizan un principio elemental: la vida.

Por Iván Mercado

Twitter: @ivanmercadonews

Facebook: IvánMercado

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